El panorama legal para el streamer conocido como ‘Cristorata’ se ha oscurecido significativamente. El Ministerio Público anunció de manera oficial el inicio de una investigación preliminar contra Cristopher Puente Viena, luego de que este lanzara una serie de comentarios racistas y despectivos tras conocerse los primeros resultados de las Elecciones 2026.

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Las frases que motivaron la intervención judicial contra Cristorata

La indignación colectiva surgió a raíz de los violentos calificativos que el creador de contenido utilizó para referirse a los votantes de las regiones del interior. “Con el odio que le tienen a Keiko, va ganar JP y va sacar a Castillo. Qué rabia. Estos hue*** son andinos burr**. Serran*** de mier*** come mote. ¿Qué pasa, puneños? ¿Por la altura no les llega el oxígeno al cerebro?”, fueron algunas de las frases que quedaron registradas en video.

Ante la gravedad de estas declaraciones, el fiscal a cargo del caso ha dispuesto una serie de diligencias inmediatas. Entre ellas, se ha ordenado que se le practique a Christopher Puente una evaluación psicológica como parte de la pericia preliminar. 

Disculpas insuficientes ante la ley

A pesar de que ‘Cristorata’ intentó retractarse tras recibir una notificación del Ministerio de Cultura, el Ministerio Público ha decidido continuar con el proceso. En un reciente descargo, el influencer admitió su responsabilidad: “Lancé un comentario racista en mi stream y, obviamente, no tiene justificación. Me consumió el show, las personas, el momento y el enojo; pedí disculpas a todos”, indicó en un intento por frenar las críticas.

Sin embargo, el arrepentimiento público no ha detenido las acciones legales externas. La situación del streamer se ha complicado aún más tras la intervención del abogado cusqueño Dennis Llamocca, quien decidió denunciarlo penalmente de manera independiente para asegurar que el caso no quede impune.

Denuncia formal y búsqueda de sentencia

El letrado Llamocca enfatizó que es momento de que los creadores de contenido asuman la responsabilidad penal por el impacto de sus mensajes. “Hemos presentado una denuncia formal porque no basta el pronunciamiento del Ministerio de Cultura. Estamos indignados; este señor debe asumir su responsabilidad, ir a las diligencias y ser procesado”, manifestó el abogado, quien busca una sentencia condenatoria que sirva como precedente contra el racismo en medios digitales.

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Con la apertura de esta carpeta fiscal en el área de Derechos Humanos, Cristorata enfrenta uno de los momentos más críticos de su carrera, donde el ejercicio de su libertad de expresión en redes sociales ahora será evaluado bajo el marco del Código Penal peruano.

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